Hasta ahora hubo una reunión solo con los gobernadores de Chaco, Entre Ríos y Mendoza, los únicos aliados.
El instrumento lleva las firmas del Presidente y de Luis ‘Toto’ Caputo y Guillermo Francos, dos funcionarios claves para la negociación con las provincias. El Poder Ejecutivo envió el veto en la noche de este jueves al Senado. La decisión genera tensión con los mandatarios provinciales y se da en un contexto de repercusiones políticas tras las elecciones bonaerenses y los escándalos recientes dentro del oficialismo.
El presidente Javier Milei firmó el veto total a la ley de reparto de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), impulsada por todos los gobernadores, luego de su aprobación en el Congreso. La medida marca un nuevo capítulo en la relación entre el Ejecutivo y los líderes distritales.
La norma había sido sancionada en ambas Cámaras del Congreso tras un acuerdo de los 24 distritos, pero ahora el Ejecutivo decidió que no se implementará la distribución de los ATN. La medida generó cautela entre los gobernadores, especialmente aquellos que integran el bloque de Provincias Unidas, quienes habían pedido que no se vetara la normativa.
Entre las razones que esgrime el Ejecutivo para rechazar la iniciativa impulsada por los mandatarios provinciales, destaca que el proyecto sancionado por el Congreso establecía un reparto de los recursos a través de un régimen coparticipable que “altera la finalidad legalmente asignada a los Fondos de Aportes del Tesoro Nacional”.
Entonces, asegura que la ley priva al Estado de poder contar con “una herramienta de acción inmediata frente a emergencias y desequilibrios financieros que requieren decisiones rápidas y acordes a su carácter imprevisto”.
Bajo esa misma línea, en el decreto se aduce que la privación de dicho instrumento para afrontar contingencias “implica un menoscabo concreto de las facultades y recursos” del Estado.
“El carácter no automático de tales fondos, lejos de constituir una discrecionalidad arbitraria, responde a la necesidad de contar con un mecanismo de asignación diferenciada frente a situaciones de crisis que no podrían ser adecuadamente atendidas por el régimen ordinario de coparticipación, el cual responde a parámetros de distribución estructurales y generales”, argumentaron desde el Gobierno.
La Nación/Ámbito
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